La modernización en políticas de cannabis es algo que depende del tiempo y los países conservadores que no presten atención a esto tendrán un perjuicio, si no es en materia fiscal será en salud. Argentina, Uruguay, Canadá, Estados Unidos y recientemente Alemania son algunos de los países cuyo horizonte en la emergente industria cannábica están poniendo atención. Algunos más avanzados, otros más relegados, pero todos transitando hacia mejores políticas públicas.
Canadá como caso de estudio
Entre las prioridades de Canadá, estaba la disminución operativa del sistema judicial después de la legalización de la hierba de marihuana. Un estudio realizado entre 2015 y 2021 está demostrando el impacto de las decisiones tomadas por la nación norteamericana. El estudio Legalización del cannabis en Canadá y patrones de delincuencia entre adultos, 2015-2021 arroja luz sobre algunas incógnitas.
Para algunos observadores casuales, las políticas modernas afectan solo a consumidores o personas y empresas relacionadas con el comercio de la industria emergente del cannabis; hay un error conceptual en esto. Investigadores encontraron datos de incidencia delictiva y lo relacionaron con la promulgación de la Ley de Cannabis implementada en 2018 por Canadá.
Algunos datos relevantes: “La implementación de la Ley de Cannabis se asoció con disminuciones en los delitos relacionados con el cannabis denunciados por la policía en adultos: mujeres, −13,2 incidentes diarios (IC del 95 %, −16,4; −10,1; p < 0,001) – una reducción del 73,9 % [error estándar (se), 30,6%]; hombres, −69,4 delitos diarios (IC del 95 %, −81,5; −57,2; p < 0,001), una caída del 83,2 % (se, 21,2 %”, afirmaron los investigadores.
También, los investigadores dijeron, la legalización no se asoció con cambios significativos en las series de delitos contra la propiedad o delitos violentos entre la población adulta. Más bien, los hallazgos sugirieron, la legalización logró reducir la criminalización relacionada con el cannabis entre adultos.
Una respuesta lógica para Canadá es la optimización del sistema judicial en contraste con el desperdicio de recursos debido a políticas públicas fallidas. Además de la optimización de la justicia, el Estado se beneficia -y esto impacta positivamente en la población- de ingresos a partir del pago de impuestos relacionados con la emergente industria del cannabis. Suena coherente, todos los miembros de una sociedad podrían beneficiarse al apoyar la modernización de políticas públicas para el tratamiento de cannabis.
