Desde hace un tiempo es bien sabido que la policía cibernética en México es una de las agencias que mayor prestigio tienen a nivel mundial, así que se podría decir que la situación de espionaje que recientemente atrajo a investigación la Procuraduría General de la Republica (PGR), no es algo nuevo, sin embargo, eso no quiere decir que no sea relevante.
Aquí algo de lo más cuestionable es de nuevo el hecho ético, ya que desde antes de que el Gobierno Federal adquiriera el software Pegasus, se tenía a la policía cibernética, y dudo mucho que los fines que persigue la composición estructural de esa fracción policiaca fuera usado o creado con fines de investigación.
Otro hecho que es de sorprender es que el Gobierno Federal como tal no ha dicho nada relevante al respecto. Se limitan a medio dar la cara y decir que la «institución correspondiente está llevando a cabo la investigación». ¿Hace cuánto que no se ve a Peña Nieto dirigir un discurso con gran peso en la agenda nacional más inmediata?
¿Cómo creer las palabras del presidente respecto a la libertad de expresión cuando en el fondo, aportas dinero y sabes de la existencia de un software que se está usando de manera ilegal para intervenir la privacidad de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos?
Lo importante para ellos es que la PGR ya ha iniciado la investigación, la cual fue atraída por una de sus filiales, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), quien aseguró que garantizará la participación de la parte afectada para coadyuvar en la investigación.
Además, Raúl Cervantes Andrade, titular de la PGR, ya dijo que investigará a la empresa israelí que se dedica a vender el software y los equipos con los cuales se facilitó la intervención de equipos de informática.
Aquí se establece una cuestión más, mismo que podemos establecer de una manera práctica preguntándonos si el software fue comprado con fines de espionaje o para fortalecer, con base tecnológica, a los servicios de investigación para la lucha contra los cárteles de la droga.
Una cuestión más a explorar, y con respuestas obvias es el hecho de que, de verdad se intervienen los aparatos informáticos con un fin político o realmente es con un interés nacional, es decir, de vuelta a la lucha contra el narcotráfico y la corrupción.
Es bien sabido que la PGR paga a una oficina de monitoreo de noticias para saber lo que cada medio y cada periodista dice sobre tal o cual tema, y así se puede dar respuesta a los dos planteamientos anteriores. Es de esa forma que podemos darnos cuenta de cuanto desea el gobierno federal que las situaciones vividas o padecidas por miles de mexicanos no vean la luz.
De esa forma es que comprendemos que sean periodistas, activistas y defensores de derechos humanos quienes resultan lesionados en esta situación. Y es aún más comprensible cuando conocemos los nombres de quienes fueron intervenidos por este software.
Hace unos años, la CIA tenía información clasificada que daba seguimiento del posicionamiento geográfico de los guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, esto durante la llamada Guerra Sucia; es bien sabido que estados Unidos también interviene teléfonos y computadoras de la sociedad civil con el pretexto de que se encuentra en una constante búsqueda de terroristas, sin embargo, ¿qué nos hace pensar que el gobierno mexicano está trabajando en esto solo?
En caso de que actúe espiando «para beneficio y seguridad del Estado», creo que están equivocando los blancos.
Por César J.G.
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