La falta de transparencia domina actualmente en el Senado de la República. Donde antes se ofrecía claridad sobre los gastos legislativos, hoy prevalece el hermetismo bajo la administración de Adán Augusto López.
¿Qué está ocurriendo?
El reporte de gastos más reciente corresponde a julio de 2024, bajo la dirección de Ricardo Monreal, cuando se detallaban los recursos asignados a rubros como servicios personales, materiales, suministros y otros. Sin embargo, desde la transición al nuevo liderazgo, ninguna información sobre estos gastos ha sido publicada.
Presupuesto 2024-2025
- 2024: El Senado recibió 4,955 millones de pesos, distribuidos en un Programa Operativo Anual (POA).
- 2025: Se aprobó un incremento, con 5,103 millones de pesos asignados.
Pese a estas cifras, no se han cumplido las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que exige un desglose anual del uso de recursos públicos para garantizar transparencia.
Distribución del presupuesto en 2024
En el último ejercicio registrado, los 4,724 millones de pesos se destinaron principalmente a:
- Dirección General de Recursos Humanos: 50.78% (2,516 millones de pesos).
- Pago a Senadores: 13.68% (677 millones de pesos).
- Recursos Materiales y Servicios Generales: 8.39% (415.6 millones de pesos).
- Informática y Telecomunicaciones: 7.50% (354 millones de pesos).
- Operación Financiera: 6.70% (332 millones de pesos).
- Tesorería: 6.22% (308 millones de pesos).
Áreas como la Coordinación de Comunicación Social, Dirección de Contabilidad y Unidad de Eventos recibieron sumas menores, pero tampoco cuentan con registros actualizados.
El “guardadito” y los conflictos internos
La falta de información se da en medio de un enfrentamiento entre los líderes parlamentarios de Morena, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, por un presunto “guardadito” de mil millones de pesos. Este contexto aumenta la percepción de irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
Conclusión
La ausencia de reportes actualizados sobre los gastos del Senado no solo viola las leyes de presupuesto y transparencia, sino que también alimenta la desconfianza en las instituciones. Es urgente que se reanude la publicación de estos informes para garantizar que los recursos asignados se utilicen de manera eficiente y en beneficio de la ciudadanía.
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Con información de medios.
KJCS
